Los sucesos de abril
de 2002
Las acciones
emprendidas en materia de
política
exterior y el evidente populismo de
Chávez polarizaron la sociedad
venezolana. En los años recientes, Caracas se ha
convertido en obligado escenario de grandes movilizaciones
ciudadanas, en contra o a favor del presidente Chávez. El
martes 9 de abril de 2002, los opositores convocaron una huelga general
de dos días, con el propósito de desconocer la
nueva directiva de Petróleos de Venezuela
(PDVSA). Ese día, cerca del Palacio de Miraflores,
simpatizantes del presidente se enfrentaron a golpes con
manifestantes opositores. La trifulca degeneró en un
tiroteo, el cual arrojó un saldo de 17 muertos y
más de cien heridos. Los canales de la
televisión privada -particularmente Venevisión-
realizaron una amplia cobertura de los hechos.
Gustavo Cisneros, presidente y director ejecutivo de
la
Organización Diego Cisneros -de la cual precisamente
forma parte Venevisión-, fue señalado por algunos
funcionarios del gobierno como uno
de los autores intelectuales
de la conspiración. Miembros del Alto Mando Militar
culparon al presidente Chávez de los hechos, y procedieron
a arrestarle. Enseguida, el empresario
Pedro Carmona Estanca usurpó la presidencia, y
decidió destituir todos los órganos del poder
público y derogar la Constitución de 1999. Carmona,
además, prometió convocar a elecciones
presidenciales en un año. Altos mandos militares leales al
presidente Chávez consiguieron rescatarlo de la isla de La
Orchila y regresó al Palacio de Miraflores en un
helicóptero militar, a las 2h45 del domingo 14 de abril de
2002.
Los sucesos
posteriores
Para superar la crisis
política, Chávez decidió impulsar una serie
de mesas de diálogo
con diversos sectores del país. La oposición,
inmediatamente, calificó tales medidas como farsa. Pedro
Carmona Estanga -el empresario que usurpó la presidencia-
consiguió escapar de Venezuela al igual que otros
presuntos responsables. Las movilizaciones ciudadanas en contra o
a favor del presidente Chávez se intensificaron en
Caracas. En diciembre de 2002, la principal confederación
sindical venezolana, la cúpula empresarial y empleados de
Petróleos de Venezuela iniciaron un paro general
indefinido, al cual se sumaron algunas empresas y
establecimientos comerciales de la capital. La
huelga se prolongó por 72 días y paralizó la
industria
petrolera venezolana, arrojando considerables pérdidas a
la economía
venezolana. Los medios de
comunicación privados dieron una amplia cobertura
informativa a la huelga, derivándose frecuentes marchas en
pro o en contra de Chávez, así como algunas
escaramuzas entre ambos bandos. El gobierno consiguió
recuperar el control de la
industria petrolera y despidió a casi 18 mil empleados,
bajo el argumento de haber abandonado sus puestos de trabajo. El 2
de febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empresariales
levantaron el paro. Para evitar la extensión de la fuga de
capitales, el gobierno decidió asumir el control en la
política cambiaria, argumentando que el empresariado
venezolano había retirado grandes capitales del
país. A finales del mes de marzo de 2003, las relaciones
entre los gobiernos de Venezuela y Colombia fueron
muy tensas. El 31 de marzo, el presidente Chávez
reveló que había ordenado bombardear una zona
fronteriza con Colombia. En respuesta, funcionarios del gobierno
del presidente colombiano, Álvaro Uribe, realizaron
enérgicas declaraciones contra el ejecutivo
venezolano.
El referendo
digital
El 20 de agosto de 2003, opositores al gobierno
recolectaron tres millones de firmas para exigir al Consejo
Nacional Electoral (CNE), el órgano responsable de
realizar los procesos
electorales en Venezuela, la realización de un referendo
para definir la continuidad de Chávez o proceder a
realizar elecciones presidenciales. El 13 de septiembre, el CNE
notificó que las firmas recogidas por la oposición
no eran válidas.
El 27 de septiembre, el gobierno decidió
rectificar, y dio a conocer que el referendo revocatorio se
realizaría en febrero de 2004. El 29 de noviembre, la
oposición inició una nueva campaña de
recolección de firmas necesarias para poder convocar al
referendo revocatorio y el 3 de diciembre afirmó haber
reunido 3,8 millones de firmas. El presidente Hugo
Chávez calificó el hecho como "megafraude",
declaraciones que dieron lugar a un enfrentamiento con el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA),
César Gaviria, que desde 1994 encabezó el organismo
regional y que en el pasado reciente gobernó
Colombia.
Partidarios del presidente Chávez, en varias
ocasiones, presentaron al Poder Electoral pruebas para
demostrar que la oposición había realizado un gran
fraude en la
recolección de las firmas de apoyo para el referendo. Pese
a que el gobierno controla el Poder Electoral y el Consejo
Nacional Electoral, los simpatizantes del presidente
Chávez no consiguieron demostrar esas acciones
fraudulentas de la oposición, que finalmente
consiguió reunir dos millones 451 mil 821 rúbricas
y sustentar la necesidad de realizar el revocatorio. Se
cumplió así con lo dispuesto en el artículo
72 de la Constitución que asienta: "Transcurrida la mitad
del período para el cual fue elegido el funcionario o
funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de
los electores o electoras inscritos en la correspondiente
circunscripción podrá solicitar la convocatoria de
un referendo para revocar su mandato".
El "buscador global
de firmas"
Para demostrar las acciones fraudulentas de la
oposición, a partir del mes de febrero de 2004, el sitio
Web del
diputado oficialista Luis Tascón [http://www.luistascon.com/] incorporó un
"Buscador Global de Firmas", a fin de investigar los nombres de
aquellos ciudadanos venezolanos que estamparon su firma para
exigir la realización del referendo. Para ello, solo
bastaba ingresar el número de la cédula de identidad del
usuario y el buscador desplegaba la información necesaria para saber si el
ciudadano en cuestión firmó o no el referendo
revocatorio. El buscador, además, contaba con un
formulario para imprimir y realizar las correcciones necesarias
e, incluso, denunciar a través de un teléfono 0800-FRAUDE-1 (0-800-372833-1), la
indebida inclusión del nombre del usuario entre los
firmantes del referendo.
Partidarios de Chávez
presentaron pruebas de fraude de la oposición en la
recolección de firmas para el referendo
La considerada injustificable permanencia del "Buscador
Global de Firmas" en el sitio Web del diputado Tascón
propició que algunos burócratas y funcionarios del
gobierno obstruyeran, condicionaran o negaran la
autorización de determinados trámites o servicios del
Estado a
quienes estamparon su firma para exigir al CNE la
realización del referendo revocatorio. También se
cuestionó por qué el gobierno, el Poder Electoral o
el Consejo Nacional Electoral pusieron a disposición del
diputado Tascón la base de datos
de tales firmas. Tascón, además, impulsó en
su sitio Web la conformación del "Batallón
Bolivariano de Internet", con más de
5.000 entusiastas ciberactivistas partidarios de Chávez.
Así, en Venezuela el tema de la exclusión digital
fue convertido en asunto de militancia y de ideología.
La oposición al régimen
afirmó que Chávez pretendió cometer un
"fraude cibernético" para conservar el
poder
Automatización del
proceso
Para erigirse en ejemplo de la democracia, el
gobierno de Chávez decidió automatizar todo el
proceso del
referendo revocatorio. Uno de los primeros pasos fue la
creación del archivo de
huellas dactilares digitalizado, el cual, de acuerdo con
opositores al gobierno, bien podría extender el desarrollo de
determinadas prácticas de panoptismo digital (registro,
control, vigilancia y castigo) contra aquellos ciudadanos
incómodos a la
administración Chávez.
Además, el referendo fue el primero en realizarse
con máquinas
provistas de pantallas sensibles al tacto y, en opinión de
la oposición, para asegurarse el triunfo el gobierno
facilitó la incorporación masiva al padrón
electoral de ciudadanos residentes en barrios muy humildes y
extendió el uso de cédulas de identidad venezolana
a un amplio número de migrantes, principalmente de origen
colombiano, con todo lo cual, la cuota de los nuevos electores
que han sido incorporados en los meses recientes al padrón
electoral, supuestamente, habría podido establecer la
diferencia en el resultado final.
Voceros de la Coordinadora Democrática (CD), organismo
que reúne a los opositores al régimen, afirmaron
que Chávez pretendió cometer un "fraude
cibernético", a fin de conservarse el poder. Para
sustentar tales afirmaciones, los opositores denunciaron que la
compañía Bitza Corp., a la que el CNE compró
el software para el
desarrollo del referendo digital, jamás lo había
probado en comicios reales. Además, y hasta finales de
junio, el gobierno del presidente Chávez figuraba como
propietario del 28 por ciento de las acciones de tan inexperta
empresa. A dos
semanas del referendo, el CNE ensayó el proceso utilizando
las máquinas con pantallas sensibles al tacto,
desarrolladas por la firma estadounidense Smartmatic, y se
detectaron algunas fallas. Una semana después, Jorge
Rodríguez, director del CNE, afirmó que los errores
habían sido corregidos.
Funcionarios del gobierno afirmaron
que CANTV podría cometer fraude durante la
transmisión de los resultados
Violencia y
denuncias previas al referendo
Funcionarios del gobierno afirmaron que CANTV
podría cometer fraude durante la transmisión de los
resultados. CANTV, la empresa
más grande de telefonía en Venezuela, es controlada por
la estadounidense Verizon Communications, la cual forma parte de
un consorcio integrado por la compañía
estadounidense Smartmatic Corp., y la venezolana Bizta Corp., que
ganaron la licitación para operar las máquinas
electrónicas de votación y el sistema de
transmisión de resultados en el referendo. El 31 de julio,
el presidente Hugo Chávez amenazó intervenir a la
empresa si se descubrían señales
de fraude, pero CANTV negó que hubiese esa posibilidad en
el sistema, debido a los estrictos controles
ejercidos.
La sucesión de hechos violentos ha distinguido el
devenir de los días previos a la realización del
referendo. El domingo 9 de mayo, el gobierno anunció la
captura, en la finca Daktari de El Hatillo, Caracas, propiedad del
cubano-estadounidense Roberto Alonso Bustillos, de un grupo de
paramilitares colombianos. Se denunció también que
en Homestead, Florida, Estados Unidos,
existía un campo de instrucción de mercenarios que
se aprestaban para actuar en Venezuela al mando de Luis
García, capitán venezolano de la Guardia Nacional y
prófugo de la justicia. En
el mes de junio, el Ministerio de Defensa ofreció una
recompensa de 200 millones de bolívares a quien
proporcionara información fidedigna para la captura de los
militares Felipe Rodríguez, Ovidio Poggioli Pérez,
Néstor González y Julio Rodríguez Salas.
Fuerzas de seguridad
además irrumpieron en las instalaciones de
Venevisión donde fueron encontrados viejos rifles y
escopetas que pertenecían a la empresa de seguridad que
custodiaba el inmueble que ocupa Venevisión.
De esta forma, la historia escogió a la
hoy República Bolivariana de Venezuela como escenario
definitorio de un difícil debate, que
parece una especie de trágica constante en la fatalidad de
nuestras agitadas tierras: la vigencia de la "edad de los
caudillos". ¿Venezuela o la República Bolivariana
de Venezuela? El domingo 15 de agosto, la ciudadanía venezolana decidió su
destino.
Dr. Octavio Islas,
mexicano, director de la Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura
del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
Revista Chasqui
Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América
Latina (CIESPAL)
Weblog:
Web institucional: www.ciespal.net
Quito –
ECUADOR
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |